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Diáspora muestra preocupación por irrespeto de Gobierno a Acuerdos de Paz

Luego de expresar que el Gobierno ha obstaculizado el avance democrático iniciado con los Acuerdos de Paz, exigen el acceso a los archivos militares y la reparación de las víctimas y sus familias.

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Señalamientos.  Los salvadoreños que salieron a protestar el 16 de enero hicieron críticas al actual gobierno.

Señalamientos. Los salvadoreños que salieron a protestar el 16 de enero hicieron críticas al actual gobierno.

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La Fundación Mauricio Aquino, como representante de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado y de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, expresó su "grave preocupación" sobre el papel del Gobierno de Nayib Bukele ante los Acuerdos de Paz y realizó una serie de peticiones ante la situación.

"Un Gobierno responsable debe promover, no obstaculizar, el avance del proceso democrático que se inició con los Acuerdos de Paz", denuncia la fundación en un pronunciamiento realizado en torno a la conmemoración de los Acuerdos del 16 de enero pasado.

Al mismo tiempo pidió al presidente Bukele que "reconsidere su política y discurso de irrespeto a los Acuerdos de Paz". Señalaron que han visto con intraquilidad cómo se han desarrollado las cosas entorno al tema, desde el 18 de diciembre de 2020, cuando Bukele calificó los Acuerdos como una "farsa".

El hecho también ha causado indignación hacia los familiares de las víctimas de El Mozote, según lo narrado en sus testimonios.

Celia Medrano, defensora de derechos humanos, expuso que la narrativa impuesta por el actual gobierno sobre los Acuerdos de Paz no se trata de algo nuevo, sino de un Gobierno "de corte autoritario" que necesita "destruir instituciones y la memoria histórica" para cumplirlo.

"Por eso se busca borrar con un decreto una fecha histórica de la que ciertamente poco habría que celebrar, pero sí mucho que respetar y aprender. Terminó la confrontación armada entre dos bandos que arrastraban cada uno sectores que estaban convencidos que podían ganar militarmente. Eso no es poco. No debemos desvalorizar", argumentó Medrano.

Agregó que el acceso a los archivos militares es algo que no hizo ninguno de los Gobiernos anteriores y que tampoco lo hará el de Bukele. "No lo hará este gobierno porque en esos archivos está clara la responsabilidad institucional de la Fuerza Armada en crímenes de guerra, masacres y crímenes de lesa humanidad", analizó la defensora.

Las peticiones

Los salvadoreños en el exterior piden la apertura de los archivos militares, que en varias ocasiones fue negada por la Fuerza Armada durante la etapa de instrucción del caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. También solicitan poner esos archivos a disposición de jueces "independientes".

Requieren el apoyo "sin obstrucción" para las víctimas de las masacres ocurridas durante la guerra civil y combatir "seriamente" los hechos violentos que se han generado después de la guerra.

De igual forma, la unificación de todos los sectores afectados mediante estrategias para la unificación del país y la reparación de cuentas pendientes que incluyen la "reintegración adecuada" hacia las víctimas.

Familiares de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado e integrantes de la Asociación ProBúsqueda también denunciaron el jueves 13 de enero que el Estado continúa incumpliendo su deber de buscar a los niños y niñas desaparecidos a causa de la guerra civil en El Salvador.

Muchas de las madres relataron sus experiencias y aseguran que continúan en la búsqueda. "Es muy duro porque han pasado tantos años y nosotros pedimos que nuestros familiares sean encontrados. Nos dañan con el hecho que hacen una reforma, hacen otra, pero no nos ayudan como familiares para darnos una respuesta de qué pasó con nuestros familiares", relató Suyapa Serrano, una de las madres afectadas.

Ese mismo día, la Asociación ProBúsqueda también aprovechó para denunciar los retrocesos en derechos humanos generados por el gobierno actual. Además, hizo el llamado a no instrumentalizar el dolor y las demandas de las víctimas como ataque político a la oposición.

La diáspora también le recordó al Gobierno actual la deuda "histórica" con los salvadoreños, que no puede ser restituida mientras no se investiguen las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familiares. "Nuestras familias tienen derecho a la verdad, justicia y a la reparación", finaliza el documento.

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