El encargado de Negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Matthew Rees, expresó sus condolencias por el asesinato de un inspector y dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un enfrentamiento con pandilleros en la colonia La Realidad, de Santa Ana.

"Quisiera expresar mi pésame a los santanecos por los hechos de violencia que se vivieran el pasado martes, en los que tres agentes de la PNC perdieron su vida", aseguró Rees.

El funcionario recordó que una de las víctimas, Carlos Mauricio Velásquez Rodríguez, se graduó como formador en Doctrina de Derechos Humanos en una capacitación impartida por el gobierno de los Estados Unidos, a penas un día antes de ser asesinado en el ataque perpetrado por supuestos pandilleros del Barrio 18. 

"Condenamos cualquier tipo de violencia", agregó Rees, durante la presentación de un estudio sobre migración irregular en Santa Ana.

De acuerdo con el representante diplomático, Estados Unidos "seguirá apoyando la lucha contra la criminalidad y la violencia, en Santa Ana, como en todo El Salvador".

El caso

Tres elementos de la PNC fueron asesinados el pasado 28 de junio, a manos de presuntos pandilleros del Barrio 18, facción sureños, en la colonia La Realidad, en Santa Ana, al occidente del país.

Las víctimas fueron identificadas como el inspector jefe del 911 Carlos Mauricio Velásquez Rodríguez, de ONI E9182; el agente Franklin Antonio Lemus Mágico, ONI 23104; y la agente Martha Lisseth Alas González, ONI 32593.

Según fuentes policiales, los policías habrían sido emboscados tras una llamada al sistema 911, que alertaba sobre la actividad de pandilleros en una casa. Al llegar cinco agentes a la zona, fueron atacados por miembros de pandilla, según la versión oficial. 

Este crimen fue condenado por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien montó una conferencia de prensa el mismo día del ataque. Prometió que "pagará toda la clica" responsable de la masacre, así como el resto de pandillas. 

Este hecho ocurre en medio de la "guerra" contra las pandillas que ejecuta el Gobierno salvadoreño, valiéndose de un cuestionado régimen de excepción aprobado tras el alza de homicidios a finales de marzo, que terminó con la vida de 87 salvadoreños en menos de tres días.