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Población LGBTIQ+: leyes salvadoreñas no reconocen crímenes de odio

La falta de tipificación del delito "crimen de odio" podría generar que la población normalice el comportamiento violento hacia las personas LGBTIQ+, indicaron en un foro realizado este jueves.
 

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El domingo pasado, la población LGBTIQ+ de El Salvador conmemoró con una marcha el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que cada año se celebra el 28 de junio./Archivo

El domingo pasado, la población LGBTIQ+ de El Salvador conmemoró con una marcha el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que cada año se celebra el 28 de junio./Archivo

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Representantes de diferentes instituciones señalaron este jueves que las leyes salvadoreñas carecen de una caracterización del crimen de odio en la población LGBTIQ+, lo que contribuye a invisibilizar estos hechos. 

Durante un foro organizado por la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) en el cierre del mes del orgullo LGBTIQ+, en el que participaron además representantes del Ministerio de Salud (MINSAL) y la Universidad de El Salvador (UES), se reflexionó sobre los avances, vacíos y desafíos que afrontan estas personas.

Patricia Nájera, de COMCAVIS TRANS, indicó que el sistema de justicia tiene una deuda histórica “al dejar impunes ciertos delitos cometidos hacia la población LGBTI”. También sostuvo que uno de los desafíos para el sistema judicial es la correcta implementación y ejecución de las reformas que se han realizado al Código Penal en favor de la población LGBTIQ+, así como la judicialización de los crímenes de odio. 

En la misma línea, Mauricio Acevedo, de la UES, coincidió en que uno de los vacíos es la falta de una caracterización para el crimen de odio. “Corremos el riesgo que la legislación interna no deje claro este debate sobre crímenes de odio y lo invisibilice como un crimen agravado, como un homicidio agravado, como un crimen pasional, etcétera, y hay una total invisibilización al efecto o impacto que este delito causa en la población LGBTI”, explicó Acevedo.

Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) no reflejan este delito, indicaron los ponentes. El Observatorio de Derechos Humanos de la Población LGBTI+, que recoge estadísticas de la FGR, evidencian que no existe una tipificación de este delito. Las cifras que corresponden al 2021 dan cuenta de cinco asesinatos, 41 casos de amenazas, cinco privaciones de libertad y 124 casos de violencia, ya sea física, patrimonial y/o sexual.

Acevedo indicó que también se corre el riesgo de que la población naturalice ese tipo de violencia contra la población LGBTIQ+, “porque lo vemos como un efecto hacia su condición, es decir, ‘ellas y ellos merecen vivir ese tipo de violencia’. Entonces, la población en general no visualiza en ese acto una violencia, sino que lo ve como un acto normal y corremos el riesgo que la legislación interna no deje claro este debate sobre crímenes de odio”, insistió.

Además, COMCAVIS TRANS señaló que, en general, en el país persiste el desconocimiento de los derechos humanos de esta población, que hasta la fecha, no se le ha prestado la atención adecuada. “Debemos romper esas barreras, porque realmente el sector de la población LGBTI, por ser un sector vulnerable, visibiliza que no hay derechos”, apuntó Nájera.

Por su parte, Rocío Costte, del MINSAL, reconoció que otro de los vacíos para garantizar un trato justo es la falta de actualización de registros dentro de la institución, ya que no poseen información completa sobre los servicios de salud que reciben las personas LGBTIQ+. 

“Debido a las pruebas que se realizan de cualquier infección de transmisión sexual, ahí si se registra población de lesbianas, de gais, de bisexuales, etcétera. Pero dentro de los registros que puede tener cualquier médico o médica, en cualquier unidad de salud, no se refleja si la persona pertenece a la población, tampoco está el espacio para registrar a personas intersexuales”, indicó Costte. “Nosotros no podemos dar datos nacionales de la población que consulta al Ministerio de Salud, a la población LGTBI”, agregó.

Finalmente, los participantes en el foro coincidieron en la necesidad de continuar trabajando por mayor acceso a la justicia, reconocimiento de derechos, sensibilización a la población, entre otros.
 

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