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Arbitrariedades penitenciarias

Esa población pobre y vulnerable que ha sido afligida por décadas por las pandillas, ahora es afligida por los cuerpos de seguridad, que se supone que están para proteger.

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Ningún ciudadano en su sano juicio se opone a que se combata las pandillas con todos los mecanismos legales previstos en la ley y en la Constitución, excepto aquellas personas que viven de esa economía criminal. No es discutible el punto que los gobernantes de turno no hicieron en el pasado lo necesario para defender a los ciudadanos honrados de estos grupos criminales que evidentemente han asesinado a sangre fría a mujeres, niños y ancianos, logrando desplazar a miles de familias que dejaron su hogar por huir de las pandillas.

Ahora bien, está perfecto que se encarcele a estos criminales con todo el peso de la ley, lo que no está bien es que el Estado actúe como justiciero o como juez y parte, donde se arroga facultades que la Constitución y los tratados internacionales le prohíben, para efectos coloquiales, pretermito la jerga jurídica y haré un exordio concreto y simple sobre el tema de las detenciones arbitrarias que nos atañen a todos los salvadoreños y quiero insistir una vez más, es fundamental el combate frontal a las pandillas, pero no como una política publicitaria que solo sirve para exaltar el ego de los que detentan el poder.

Sino como una política criminal de Estado, enfocado en la parte preventiva, en la que se promueva una verdadera reforma educativa en lugar de destinar millones de dólares de forma indiscriminada al ejército en detrimento de la educación. En consecuencia, se debe trabajar desde la primera infancia, ofreciendo a todas las personas por igual una educación de calidad enfocada en valores, que premie el talento y fomente el desarrollo intelectual, para alejarnos de la educación que estimula únicamente la memoria y la repetición, cuyo fruto es la formación de ciudadanos mecánicos (no en todos los casos).

Volviendo a las detenciones arbitrarias, he decir que ahora hay miles de hombres y mujeres que han sido detenidos de forma ilegítima en el famoso Régimen de Excepción, que ha sido utilizado como regla y no como excepción, y ha sido prorrogado una y otra vez, incumpliendo la Constitución, ya que la causa que lo originó, que fue el aumento de asesinatos, dejó de persistir, por lo tanto, su prórroga carece de legalidad. Peor aún las arbitrariedades cometidas por ciertos policías y soldados solo son comparadas a la represión y abusos de autoridad que se vivió en el pasado conflicto armado.

De manera que esa población pobre y vulnerable que ha sido afligida por décadas por las pandillas, ahora es afligida por los cuerpos de seguridad, que se supone que están para proteger, pero lamentablemente para algunos soldados y policías los sospechosos de ser pandilleros son todos los ciudadanos pobres que viven en zonas marginales, no les ha importado que una madre o un padre les ruegue que su hijo es enfermo, que es estudiante de la universidad o que se congrega en alguna iglesia o que tiene un trabajo estable, a pesar de ello se los han llevado sin ninguna evidencia que hayan estado en agrupaciones ilícitas, lo importante son las cifras.

Pero lo más lamentable es que sin darles la oportunidad de defenderse en un proceso justo, los presentan como culpables ante los medios de ser pandilleros, violando flagrantemente la Constitución y los tratados internacionales. Peor aún, hay ciertos jueces que teniendo las evidencias de inocencia y los arraigos sólidos, incluso así, les niegan la oportunidad de salir, es decir estamos frente a una autocracia, donde la única palabra que vale es la del presidente. Estas arbitrariedades ya se han cobrado la vida de 50 personas en manos del Estado, que han sido vapuleadas y otras se les ha negado el acceso a salud y medicamentos. "Tarde o temprano pagarán por estos crímenes".

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Tags:

  • arbitrariedades
  • cuerpos de seguridad
  • pandillas
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