Desaparecidos

La CIDH recomendó a El Salvador ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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El drama de las desapariciones forzadas no puede ocultarse.
El problema existe y el Estado no hace lo suficiente para solucionarlo. Las numerosas denuncias de casos de desaparecidos en las redes sociales solo son la punta de un trágico iceberg que tiene dimensiones inconmensurables.

El problema es de tal magnitud que ya comenzó a provocar la atención de la comunidad internacional. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para conocer sobre ese problema; finalmente diversas organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de exponer al organismo internacional y a representantes del Estado la gravedad del problema.

Además, el 14 de octubre esa misma Comisión emitió el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador. Ahí un capítulo se refiere a las “Denuncias de desapariciones en El Salvador en el contexto de la violencia actual”.

La CIDH destaca el comportamiento de las autoridades ante quienes denuncian la desaparición de sus familiares. Señalan que las víctimas expresaron reiteradamente que “no son atendidas cuando tratan de presentar una denuncia. Asimismo, suele haber demoras en los procesos de investigacio´n cuando se trata de diligencias en las que las primeras horas son determinantes. Los familiares también reportaron que ellos son quienes deben presentar ‘pistas’ del paradero de sus familiares para que los casos ‘no se cierren’. Una madre de un joven desaparecido indicó a la CIDH: ‘nos mandan a nosotros a buscar a nuestros hijos y no podemos porque es peligroso’”.

Entre las deficiencias del Estado se señala: la ausencia de una calificación jurídica para intervenir en estos casos, la falta de un registro único “sobre el número de personas desaparecidas y casos en lo que podría haber indicios de desaparición forzada, extravíos u otros tipos de ausencia“, “no hay mecanismos de respuesta ante las desapariciones“; y “no se lleva un seguimiento de las denuncias que permita establecer si personas reportadas con paradero desconocido han sido encontradas vivas o muertas”.

Así, el organismo advirtió que “la falta de diligencia del Estado propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Es por ello que las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares”.

Finalmente la CIDH recomendó a El Salvador ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y “adoptar un marco normativo que regule la política nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, la creación de banco genético; los procesos de exhumación, así como una ley que regule los derechos de los familiares relacionados a la ausencia de las víctimas desaparecidas”.

Es por ello que pedimos al Estado de El Salvador que de inmediato active un espacio para que, en conjunto con las organizaciones de sociedad civil, de manera ágil, coordinada y efectiva se inicien las acciones para abordar los señalamientos hechos por la CIDH.

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