El gobierno debe pronunciarse sobre el espionaje sufrido por los periodistas

El gobierno no puede quedarse de brazos cruzados: o investiga de oficio estos delitos toda vez que en alguna oportunidad algunos de sus miembros delataron indicios de sufrir de una intrusión parecida, o se compromete a purgar este tipo de prácticas y operadores de sus métodos y política de seguridad. El silencio no es una aceptación pero sí una omisión de sus responsabilidades.

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La comunicación e intimidad de decenas de periodistas salvadoreños fue violada sistemáticamente durante el último año y medio por fuerzas lo suficientemente poderosas como para financiar esa operación tecnológica a esa escala y por un periodo así de largo.

La anterior no es una tesis sino el hallazgo al que llegaron cinco fundaciones norteamericanas que analizaron los aparatos telefónicos de diversos informadores y activistas de la sociedad civil; el denominador común de las víctimas es que realizan un trabajo de contraloría del poder en El Salvador. Otro descubrimiento es que la herramienta fue usada contra la mayoría de ellos en periodos de efervescencia política en el país, por ejemplo en las horas previas a las manifestaciones del 15 de septiembre de 2021, o a los ejercicios electorales del mismo año. Reporteros y editores de al menos seis medios de comunicación nacionales figuran entre los afectados.

Los antecedentes de uso de esta herramienta en otros países así como las explicaciones brindadas por la empresa que la diseña, que es una firma israelí, remiten a fuerzas gubernamentales casi invariablemente. Por eso es que la evidencia es suficientemente incómoda como para que el gobierno no sólo no se haya pronunciado al respecto sino que plantea naturales preguntas sobre si el aparato de inteligencia del Estado está detrás de este ejercicio de espionaje.

El gobierno no puede quedarse de brazos cruzados: o investiga de oficio estos delitos toda vez que en alguna oportunidad algunos de sus miembros delataron indicios de sufrir de una intrusión parecida, o se compromete a purgar este tipo de prácticas y operadores de sus métodos y política de seguridad. El silencio no es una aceptación pero sí una omisión de sus responsabilidades.

Que los servicios de inteligencia se afinquen en la discrecionalidad y justifiquen prácticas de espionaje violatorias a toda norma de privacidad y soberanía con la excusa de las estrategias de seguridad es un reflejo viejo que podemos ubicar en los años sesenta. Pero el concepto detrás de esos métodos es de un cuño aún más vetusto, propio de los totalitarismos que azotaron Europa en el primer tercio del siglo XX, hijos bastardos del leninismo. Cuando se acepta la idea de que el Estado no debe permanecer invariable en su defensa de los derechos del ciudadano sino que es un instrumento al servicio de una élite y por ende maleable en beneficio y defensa de agendas sectoriales, se abre la puerta al gobierno policial.

Un gobierno tal criminaliza y persigue la crítica ciudadana, normaliza la vigilancia invasiva e ilegal y legitima que a algunos ciudadanos se los trate como enemigos del orden. Si la sociedad no se pronuncia en defensa de sus libertades termina renunciando al principio del Estado de derecho y más pronto que tarde se somete al poder punitivo.

Por eso es importante que el gobierno se pronuncie al respecto de esta operación contra estas decenas de ciudadanos hermanados por su labor de contraloría social. Es que si al Estado ya no le importa reconocer que hará uso arbitrario de la fuerza y de los recursos públicos contra la nación, y si los profesionales del derecho que tendrían que contener esa agresión ya abjuraron de la defensa de las libertades y el orden constitucional, saberlo es una cuestión urgente e inalienable por la seguridad más elemental de los salvadoreños.

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