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La eterna lucha de la Sección de Probidad

Gran parte del incumplimiento de la rendición de la declaración jurada de patrimonio proviene de la poca cultura de transparencia del funcionario o empleado público.

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La eterna lucha de la Sección de Probidad

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El pasado 7 de julio, Acción Ciudadana presentó el informe "Monitoreo sobre probidad en la función pública (junio-diciembre 2021)". En este, dicha Organización, entre otras cosas, concluyó que: 1) históricamente ha existido un alto incumplimiento por parte de los funcionarios y empleados públicos obligados de presentar su declaración jurada de patrimonio (DJP), tanto de inicio como del cese de sus funciones; 2) las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo y las Autónomas son las instituciones cuyos funcionarios y empleados presentan mayor incumplimiento en la presentación de las DJP; 3) ante el alto incumplimiento en la presentación de las DJP, no se traduce en procedimientos sancionadores de imposición de multas; y, 4) considera que existe discrecionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el conocimiento de los casos.

De lo anterior se tienen dos cosas: por una parte, el incumplimiento del servidor público obligado, y por otro, la falta de sanción y discreción por parte de la CSJ.

Gran parte del incumplimiento de la rendición de la DJP proviene de la poca cultura de transparencia del funcionario o empleado público, que, sabiendo que es una obligación constitucional y legal, omite esta, en virtud de que ni la Constitución ni la Ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos (LEIFEP) establecen consecuencias razonables ante el incumplimiento, "omisión" que sin lugar a dudas es voluntaria y hace inferir a cualquiera que se está adecuando a conveniencia un patrimonio.

Por disposición de la Ley Orgánica Judicial, a la Sección de Probidad (en adelante la Sección) le compete recibir las DJP, clasificarlas y guardarlas con la debida reserva e informar al Pleno de la CSJ cuando del examen sobre las DJP existan indicios de enriquecimiento sin justa causa.

Adicional a dichas atribuciones, a la Sección le corresponde difundir y promover el contenido de la LEIFEP, con la finalidad de facilitar su cumplimiento, labor que en la práctica se imposibilita por el exceso de carga laboral y poco recurso humano y técnico a su disposición. Según datos actualizados por Acción Ciudadana, la Sección hasta 2022 cuenta con 36 empleados, 16 más respecto de los que se contaba en 2014, lo cual reduce la carga laboral por empleado con relación al tratamiento de las DJP, pero que no quita que esta opere más allá del límite de lo aceptable considerando el amplio e inexacto universo de obligados; prueba de ello, la Sección mediante consulta realizada por este servidor, manifestó que ante la falta de recursos humanos, se ve obligada a descuidar ciertas áreas para dar prioridad a otras, como el área de investigación de DJP.

La Sección históricamente ha sido objeto de discrecionalidades, pues con la adopción de controversiales acuerdos emitidos por el Pleno de la CSJ, como el de fecha 9 de junio de 2005, en el cual con relación al secreto bancario, quitaron las atribuciones de investigación a la referida Sección, por ello, la labor de auditoría y control se vio paralizada en cuanto a sus facultades conferidas en el artículo 27 de la LEIFEP por un período aproximado de 9 años, lo que generó una gran cantidad de casos no tramitados e impactaron las gestiones de investigación; la misma Sección en algunas de sus resoluciones relacionadas con el acceso a la información pública ha reiterado que tal situación "...ha sobrepasado la capacidad humana y operativa con la que cuenta esa Unidad..."¹.

Asimismo, en el proceso de elección de magistrados de la CSJ en el año 2018, el exjefe de la Sección de Probidad en su entrevista ante la Subcomisión de la Asamblea Legislativa sostuvo la precariedad de la Sección de Probidad, catalogándola como una oficina que históricamente fue olvidada y "...condenada a ser un archivo de declaraciones juradas de patrimonio"².

Los resultados del informe no pueden ser otros, pues la Sección ha luchado históricamente contra una ley que no se apega a la realidad, ha luchado contra la falta de cultura de transparencia de algunos funcionarios del pasado e incluso de los actuales, ha luchado, sigue luchando y luchará contra el olvido selectivo de parte de las autoridades de turno mientras no fortalezcan uno de los brazos más importantes de la lucha contra la corrupción en nuestro país.

¹Véase UAIP del OJ, Resolución Administrativa, Referencia: UAIP/911/RR/3123/2018(1) (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2018)

²Véase Lic. Carlos Rafael Pineda Melara, entrevista por la Subcomisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador para el estudio de candidaturas al cargo de magistrados de la CSJ para el período 2018-2027, minuto 30:00, https://youtu.be/rJXnYWrnYeY

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Tags:

  • Sección de Probidad
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