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La paz es construcción inacabada y retadora

El instrumento que pacificó al país en 1992 era perfectible pero sin duda el mejor que pudo construirse en aquellas condiciones, mismas a las que superó contra las peores previsiones. Que algunas de las acciones necesarias para garantizar que la desmilitarización estuviera acompañada de reconciliación y justicia restaurativa no se hayan consumado, entre ellos la reconstrucción de los crímenes de lesa humanidad para discusión de los salvadoreños del futuro, fue un grave error de los institutos políticos que controlaron al Estado los últimos treinta años, pero no una deficiencia de los Acuerdos de Paz.

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A los Acuerdos de Paz les está ocurriendo algo peligroso: una simplificación grosera desde el gobierno. La transformación del documento más importante del último medio siglo de la historia política salvadoreña en apenas un concierto de eslóganes y frases facilonas para compartir en las redes sociales es el mismo riesgo que corren la comprensión del conflicto armado y de las causas que lo generaron.

Por eso era imprescindible que el Estado promoviera entre las nuevas generaciones el conocimiento y estudio de la historia nacional contemporánea, pero en lugar de ese ejercicio, hubo una reducción de la guerra civil a apenas unos hechos de sangre recontados desde las respectivas posiciones ideológicas o afiliaciones militares; como resultado de esa situación, una suerte de convenio de silencio y omisión con el que los seis gobiernos que sucedieron a Chapultepec se sintieron cómodos, la verdad sobre sucesos fundamentales como el asesinato de Monseñor Romero y la masacre de El Mozote continúa huérfana, motivo de una controversia que nunca envejeció.

El instrumento que pacificó al país en 1992 era perfectible pero sin duda el mejor que pudo construirse en aquellas condiciones, mismas a las que superó contra las peores previsiones. Que algunas de las acciones necesarias para garantizar que la desmilitarización estuviera acompañada de reconciliación y justicia restaurativa no se hayan consumado, entre ellos la reconstrucción de los crímenes de lesa humanidad para discusión de los salvadoreños del futuro, fue un grave error de los institutos políticos que controlaron al Estado los últimos treinta años, pero no una deficiencia de los Acuerdos de Paz.

Desmilitarización y cambios en la inspiración, usos y doctrina militares fueron uno de los ejes centrales de Chapultepec. No fue un ajuste menor ya que, como se lee en las consideraciones finales del informe de la Comisión de la Verdad, la Fuerza Armada fue presa de determinados grupos de oficiales que abusaron de su poder para entregarla a prácticas corruptas e ilícitas.

La desviación de la FAES de su rol constitucional fue a la vez causa y efecto del problema más ostensible detallado en ese informe: que el verdadero responsable de la falta de garantía a los derechos humanos de la población y el que la sociedad se organizara al margen de los principios del derecho fue el Estado mismo. Y este apartado del conflicto, la degeneración de la relación entre el árbitro por excelencia del ordenamiento jurídico y la nación, no ha sido suficientemente discutido ni analizado pese a que fue un proceso progresivo y fácil de establecer desde la juventud de la república salvadoreña.

Criticar las negociaciones culminadas en 1992 no es válido si antes no se entiende que aquellos acuerdos garantizaban el cese de hostilidades armadas pero que el camino que definían como idóneo para la construcción de la paz era un reto y una encomienda a todos los sectores, que la paz considerada el máximo estadio posible de igualdad, bienestar y justicia era una posibilidad por la que debía seguirse peleando en democracia.

Renegar de esa aspiración sería la última y máxima traición a la patria, y cada decisión, cada política de Estado, cada posibilidad de consenso que se destruye desde las distintas esferas de la vida nacional, es un paso que aleja la promesa de paz que los bandos en guerra abrieron hace tres décadas.

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