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Opinión | Muebles

El desprecio por la vida y la dignidad de las personas que en la realidad ha exhibido este gobierno ha sido escandaloso.

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Por más que trate de engalanarse con leyes de nombres pomposos como la cacareada Ley Nacer con Cariño o que su propaganda retrate un país repleto de gente feliz a la que provee salud, educación, seguridad y bienestar, el desprecio por la vida y la dignidad de las personas que en la realidad ha exhibido este gobierno ha sido escandaloso.

La madera de la que estaba hecha esta administración en términos del respeto a los derechos humanos quedó en evidencia a la vuelta de apenas nueve meses de haber asumido funciones cuando, bajo la excusa de frenar el avance de la pandemia que por entonces comenzaba a ensañarse con el planeta, el presidente de la República ordenó clausurar el país a cal y canto y someterlo a una cuarentena ridículamente estricta, que terminaría siendo encima una de las más prolongadas del mundo.

Esas medidas draconianas que no tuvieron ningún respaldo científico y que derivarían en el agrio y por demás conocido enfrentamiento con la depuesta Sala de lo Constitucional hicieron que miles de salvadoreños padecieran en carne propia y en nombre de la salud colectiva los abusos del poder estatal.

A los que iban llegando del exterior y a todos aquellos que, según las autoridades, no se adherían con obediencia marcial a los rígidos dictados del confinamiento domiciliar, el gobierno los recluyó en los denominados centros de contención, instalaciones sin las condiciones adecuadas para los usos que se les pensaba dar, insalubres muchos de ellos, que serían rápidamente abarrotados por el incesante número de personas enviadas ahí; más bajo una lógica punitiva que por criterios sanitarios.

Haciendo eco de información gubernamental, el informe de Derechos Humanos de la UCA 2020 señalaría que aproximadamente unas 16,000 personas pasarían por dichos centros.

Los salvadoreños que se encontraban fuera del país y se vieron imposibilitados de regresar debido al cierre abrupto del aeropuerto no recibieron un mejor trato. Abandonados a su suerte en tierras extranjeras, cerca de 4,000 connacionales padecieron la displicencia de un gobierno que durante meses les negó múltiples derechos como a la nacionalidad, a la salud y a la reunificación familiar.

Ese desdén ha vuelto a quedar claro estos días con la aprobación del régimen de excepción y sus sucesivas prórrogas.

En un frenesí represivo, que se ha extendido ya por más de dos meses, el gobierno ha detenido a más de 30,000 personas a las que ha encerrado sin pruebas y sin derecho a defensa en cárceles sobrepobladas donde ha mezclado a individuos que ni siquiera han sido procesados con delincuentes condenados, y donde se han documentado graves vulneraciones a los derechos humanos. Fruto de ello, 16 personas que se encontraban recluidas bajo el referido régimen de excepción han perdido la vida sin que el Estado, bajo cuyo resguardo se encontraban, haya dado una explicación oficial de sus muertes.

Eso sin contar el trato degradante e inhumano al que han sometido a los familiares de esas decenas de miles de capturados quienes han tenido que soportar a la intemperie y en condiciones lamentables los malos tratos del personal penitenciario y el silencio de las autoridades sobre la suerte de sus familiares.

Por eso aunque indignante no fue del todo sorprendente que en los audios a los que tuvo acceso el periódico El Faro, los cuales revelan la supuesta ruptura de las negociaciones que este gobierno ha mantenido con una de las pandillas, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, se refiriera a las 87 personas asesinadas por la estructura criminal durante el último fin de semana de marzo como muebles.

Porque aunque al parecer no todos sean iguales y a unos les haya adjudicado más valor que a otros, eso han sido al final de cuentas las personas para este gobierno: piezas de mobiliario que se pueden vender y comprar, ocupar según las necesidades, poner en una esquina para decorar, exhibir como antigüedades o viejos objetos de museo, trasladar de un lado a otro cuando ya estorban, refundir en una bodega, apilar unas sobre otras si el espacio es poco, y en última instancia, cuando ya han dejado de ser útiles, descartar. Difícilmente podría afirmarse que el término empleado por el funcionario haya sido fortuito. Por el contrario, diría que como muy pocas veces ha sucedido en este gobierno, en este caso hay una perfecta coherencia entre el discurso y las acciones.

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