Tendremos que pagarlo

Debe tenerse presente que casi 4 de cada 10 matriculados en el sistema educativo están ubicados en situación de pobreza.

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Sandra de Barraza - Columnista de  LA PRENSA GRÁFICA

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Lo que hemos adquirido en deuda durante el año 2021, tardaremos 30 años en pagarlo. Más de una generación asume los compromisos en préstamos adquiridos en el año del bicentenario. Son cuatro mil seiscientos noventa y siete millones doscientos mil dólares el monto de la deuda que la Asamblea Legislativa aprobó en 8 meses de trabajo. Y el artículo publicado por LPG (5.01.22) dio a conocer que a partir del año 2023, el país está obligado a iniciar con el pago de la deuda adquirida.

Donde se pone el dinero están las prioridades. ¿Qué se ha priorizado con esta millonaria deuda? Con la información disponible, el 42 % de la deuda se destinó a infraestructura, aunque varios millones se reorientaron para pagar deuda adquirida anteriormente. Dentro del total destinado a infraestructura, solo el 6 % se comprometió para la construcción y el rescate de infraestructura deportiva. En segundo lugar, está la economía priorizando la recuperación económica, el desarrollo económico local y los bosques cafeteros con el 24 % de la deuda adquirida. En este rubro, las garantías soberanas ascienden a $295 millones de los $1,140 millones en deuda adquirida. Y en tercer lugar, con $781.2 millones que representan el 17 % del total del endeudamiento, está la educación. Primera infancia, calidad de la educación e infraestructura son las prioridades. El resto se distribuye en salud, políticas públicas y control territorial. Todo esto, tendremos que pagarlo.

A pesar de que en la distribución de la deuda educación no tiene LA prioridad, tiene un monto que responde a necesidades estratégicas. Se espera que su ejecución logre los objetivos y los resultados esperados y ojalá que los recursos no corran riesgos de reorientación para cumplir con responsabilidades ajenas al sector tal como sucedió con los recursos destinados inicialmente para la reducción de la brecha tecnológica. Educación debe tener prioridad en pensamiento y en financiamiento, especialmente cuando se está cuantificando el efecto que la pandemia ha tenido en la cobertura educativa. La deserción y la falta de cobertura en 850 mil niños y adolescentes en edad escolar es una realidad que debe enfrentarse porque todos pagaremos las consecuencias de la falta de educación.

Se hace necesario actualizar las explicaciones al incremento en la población que está fuera del sistema educativo. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2020, el 33.6 % de la población en edad de 5 a 17 años, es decir, 3 de cada 10 no asisten a la escuela, la mayor parte son niños, del área rural y en edades que comprenden los 14 y 17 años. Las causas principales de la no asistencia, además de la decisión de los padres, es la pérdida de interés en la educación y tener que ocuparse de labores domésticas o involucrarse en el mercado laboral por la condición socioeconómica. Debe tenerse presente que casi 4 de cada 10 matriculados en el sistema educativo están ubicados en situación de pobreza.

Según la misma encuesta, en las edades entre 15 y 24 años, son casi 300 mil los que no han encontrado trabajo y tampoco han continuado estudios. Esto representa el 25 % de la población en ese grupo de edad. Las oportunidades laborales para este grupo de edad son limitadas aunque la economía crezca a niveles superiores al 10 %. Este es el grupo en el que la tasa de desempleo tiene porcentajes más elevados. Y aunque se anuncia que la Fuerza Armada ofrecerá 20 mil empleos en los próximos años (2021-2025), ha seleccionado para someterles al proceso de reclutamiento a menos de la mitad de los interesados. ¿El futuro de los jóvenes es la Fuerza Armada?

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